Federico Nahuel Sibaja
Argentina y la estrategia climática del FMI: ¿para qué exportar?
París. Las contradicciones han sido señaladas en reiteradas ocasiones en
briefings dirigidos al Directorio del FMI por varias organizaciones de la socie-
dad civil (ver Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia et al., 2024; Espacio
de Trabajo Fiscal para la Equidad [ETFE] et al., 2024, 2025a, 2025b, 2026).
Estas giran en torno a los límites de una estrategia de repago de deuda que
depende de una mayor dependencia de las actividades extractivas –políticas
que aceleran el drenaje de divisas y las consecuencias de la austeridad–.
Desde allí, la presente intervención busca explicar las tensiones entre, por
un lado, la Estrategia Climática del FMI y los préstamos suscritos por el or-
ganismo con Argentina en 2018, 2022 y 2025 y, por otro lado, las prescrip-
ciones del Acuerdo de París. Consta de tres partes: la primera analiza los
compromisos asumidos por el FMI, la segunda lo ocurrido en la Argentina, y
la tercera una visión sobre cómo debería ser el abordaje climático del FMI si
estuviera alineado con el Acuerdo de París.
manejo de la transición y mitigación en el caso de los 20 mayores emisores).
Sin embargo, solo en un párrafo de la estrategia menciona los programas de
financiamiento. Según el documento, el FMI ya incorpora esta dimensión en
sus préstamos, dado que apoya a los países ante catástrofes climáticas y
durante décadas ha incorporado condicionalidades sobre reducción de sub-
sidios energéticos, una de las más controversiales políticas (FMI, 2021c).
En 2022, la institución creó también el Fondo de Resiliencia y Sostenibili-
dad (FRS). Los préstamos bajo este Fondo, creado para reasignar los Dere-
chos Especiales de Giro (DEG) excedentes en los países del Norte2, apoyan
paquetes de reformas de política climática que fortalezcan la estabilidad de
balanza de pagos en el largo plazo (FMI, 2022a). Sin embargo, para acce-
der a estos fondos concesionales los países deben tener vigentes acuerdos
tradicionales con el FMI. La Oficina de Evaluación Independiente del FMI
reconoció en este sentido la tensión entre los programas tradicionales y sus
objetivos de política fiscal y aquellos climáticos de los programas bajo el FRS
(IEO, 2026).
Una de las prioridades, de acuerdo con el documento del Directorio del FMI
y en línea con lo explicado por Daniela Gabor en el Consenso de Wall Street,
es que estas reformas tengan un efecto catalítico y atraigan financiamiento
externo3 (Gabor & Braun, 2025). De esta forma, las políticas que serían pre-
miadas con mayor financiamiento según la Nota de Guía son, entre otras, los
impuestos al carbono, la reducción de subsidios, las políticas que mejoren el
ratio riesgo-ganancia de los proyectos climáticos, reformas en los mercados
de agua y energéticos, entre otras (FMI, 2025b).
La estrategia climática del FMI y el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad
La decisión del FMI en 2021 de publicar una estrategia climática ocurrió
luego del cambio en la administración de Estados Unidos y su vuelta al
Acuerdo de París del que había salido en 2015 (FMI, 2021c)1. En 2021, el FMI
finalizó una revisión de su política de supervisión, en un contexto donde casi
90 países acudieron a los distintos mecanismos de rescate con la institu-
ción (Munevar, 2021). Bajo su política de supervisión, el Directorio del FMI
analiza las políticas macroeconómicas de todos los países miembros cada
año en función del impacto en la estabilidad de balanza de pagos doméstica
e internacional.
En el contexto del Build Back Better post-COVID, una de las nuevas prio-
ridades fue la sostenibilidad económica. Esta fue definida como ‘una serie
de condiciones que apoyen crecimiento económico sostenido, balanceado
e inclusivo sin que esto implique grandes disrupciones a la estabilidad de
balanza de pagos’, reconociendo que ‘la estabilidad –típicamente medida en
el corto y mediano plazo en el FMI– no necesariamente lleva a la sostenibi-
lidad’ (FMI, 2021b, p. 27).
Un informe de 2024 que analizó todos los acuerdos vigentes en mayo de
ese año mostró que se incluían metas de ajuste fiscal por un 3,3% del PBI
en los programas, un 4,1% en el caso de los países de bajos ingresos (ETFE,
FARN & Recourse, 2024). El 75% de los programas incluyó aumentos en pre-
cios de gas, electricidad y eliminación de subsidios argumentando que esto
tendría efectos climáticos positivos. La evidencia indica que los ahorros por
esta reducción del gasto se destinan principalmente al repago de deuda en
lugar de en acción climática (IEO, 2026).
La estrategia climática, publicada también en 2021, tuvo como prioridad la
integración de las discusiones climáticas en las actividades de supervisión
con claros objetivos y delineación de los desafíos a cubrir (adaptación, el
Estas políticas lejos están de garantizar los recursos necesarios para la
transformación económica necesaria para cumplir con los objetivos del
2- Para leer más sobre esta discusión ver Miranda et al., 2024.
3- Los autores definen al consenso de Wall Street como un modelo de financiamiento del
desarrollo que busca movilizar capital privado mediante garantías y apoyo estatal, subordi-
nando las políticas públicas a las necesidades de los inversores financieros.
1- En este sentido, es evidente la injerencia que este país tiene en la institución dado su
poder de voto de más del 15% cuando el Article of Agreements exige un 85% de los votos
para varias decisiones.
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